Cuando la policía da miedo

Se oye hablar mucho en estos tiempos de esos Informes que emiten la UDEF y la UCO que suelen servir de base, a partir de sus averiguaciones, a ulteriores actuaciones de Fiscales o Jueces de Instrucción en su labor de persecución de delitos que, genéricamente y en los medios de comunicación, se denominan “de corrupción”.

Como así debe ser, las investigaciones policiales son las que aportan a esos fiscales y jueces los datos fácticos que les permiten desarrollar la labor que tienen encomendada constitucionalmente; y estas averiguaciones, en el caso de la UCO y la UDEF, se plasman en Informes.

No trabajo como abogado, ni me relaciono profesionalmente con fiscales o jueces, pero circunstancialmente he tenido la oportunidad de leer, analizar e incluso subrayar copias de esos Informes, en algunos asuntos de los que podríamos denominar “mediáticos” y con los que, vaya por delante, no guardo interés personal o profesional, ni tan siquiera indirecto.

Pues bien: dan miedo.

No soy ni de lejos de los que más saben (nadie más consciente de ello que yo mismo), pero llevo estudiando Derecho desde hace más de 30 años, y haciendo y leyendo informes desde hace más de 25 sobre cuestiones que coinciden con el objeto de esos informes de la UCO y la UDEF. Y da vértigo su oceánica ignorancia jurídica.

Ignorancia que les impediría tan siquiera pasar una asignatura de primero de carrera, pero claro, es que para ser Guardia Civil o Policía eso no es necesario. Ni de Derecho, ni de Podología. De nada.

(Conozco a uno de los firmantes habituales de esos informes. Mientras yo estudiaba, estaba jugándose la vida en el norte de España y sufrió incluso un atentado terrorista. Tiene mucho mérito, y le corresponde nuestro continuo agradecimiento por ello. Pero eso, que merece todo el reconocimiento  —nunca suficiente—, no te hace saber de lo que no sabes).

A esa ignorancia (dentro de la que se permiten  —superando apenas el bachiller—  rebatir argumentos jurídicos de abogados en ejercicio y cuestionar jurisprudencia del Tribunal Supremo) se suma otra circunstancia que también he comprobado en alguno de esos Informes: la mala fe. No se pueden calificar de otra forma algunas argumentaciones y manipulaciones tan burdas, flagrantes y baratas que te entra la risa flojatriste.

Y diréis: no hay problema, porque cuando esos Informes lleguen a manos del Fiscal o del Juez de instrucción, que sí saben Derecho y son profesionales independientes y avezados, la ignorancia y eventual mala fe de esos policías o guardias quedará patente y así el desaguisado no llegará a más…

Pues no. Y aquí viene otro motivo de preocupación (incluso miedo), porque demasiado a menudo se producen dos circunstancias:

Primero, esos Informes se filtran (delito) a la prensa. Bien por las propias UCO o UDEF, bien desde las fiscalías o juzgados; y la ignorancia que demuestra el contenido de aquéllos se ve incluso superada por el desconocimiento (¿sólo negligente?) de los periodistas a la hora de plasmarlos en sus noticias.

Y segundo, porque algunos (demasiados) jueces y fiscales ni tan siquiera leen esos informes, e impulsan el procedimiento dando por bueno, sin más, lo que en ellos se concluye, más en esos asuntos que se denominan “mediáticos” y que les permiten “hacer carrera” profesional o incluso política, mientras toman café (como mínimo) y comentan la “actualidad” con sus periodistas de cabecera.

Añadid a eso detenciones o registros absurdos, indiscriminados y desproporcionados, que parece que no queda más sitio para furgonetas de los hombres de Harrelson (esto para averiguar qué ha pasado en la tramitación de un contrato administrativo, que el día que haya que pillar a un yihadista llamaremos a la VI Flota con un par de portaaviones nucleares, o tres si son pequeños), si no fuera porque los aparcamientos libres están ya ocupados por periodistas con sus cámaras que, mira por dónde, se han enterado de que se iba a producir el registro o la detención horas antes que el propio secretario del Juzgado.

Muchos, demasiados años después, la Sala de un Tribunal seguramente absolverá a los acusados, quizás con un pequeño tirón de orejas al juez de instrucción por no haber archivado en su momento el caso, y así ahorrar trabajo a Sus Señorías; pero ni aquél, ni el fiscal, ni por supuesto los informantes de la UCO o la UDEF, se enfrentarán a responsabilidad alguna por su  —cuanto menos—  falta de profesionalidad.

Todo esto tiene un efecto colateral también preocupante: si la falta de profesionalidad lleva a acusar y poner gratuita e injustificadamente en la picota pública a gente que finalmente queda absuelta, ¿cuántos verdaderos delincuentes no se irán de rositas? Porque la torpeza y la impericia de ciertos policías, fiscales e instructores  —que no ayudan a evitar ciertos intereses mediático-periodísticos—  juega en ambas direcciones.

Es decir: cuando eres malo e inepto, lo eres tanto como para perseguir al que no corresponde, como para dejar escapar al que debiera estar entre rejas. Y de eso saben bastante en las Rías Bajas con aquel juez (hoy delincuente condenado) que veía amanecer.

No voy ahora a lugares ya desgraciadamente comunes como lo que supone, en casos demasiado frecuentes, destrozar la reputación, la honra e incluso la vida de personas y familias enteras, debido a la incompetencia profesional de policías y guardias, la dejadez de fiscales y jueces, y el afán de lucro de algunos medios de comunicación. (Eso como mínimo: habrá quien encuentre motivaciones más inconfesables aún).

Pero si quiero llamar la atención sobre el preocupante problema al que nos enfrentamos con la situación descrita; un problema cualitativamente mayor que el de los casos de corrupción.

Porque aquí nos jugamos algo más importante que meter entre rejas o dejar libres a ciertos delincuentes, muchos o pocos (en todo caso demasiados): estamos poniendo en peligro todo el Estado de Derecho y nuestro sistema constitucional de libertades y garantías jurídicas.

Si asistimos impasibles a que magistrados entren y salgan de la política como si nada; si admitimos sin indignarnos que se empleen los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y de la Administración de Justicia, para amedrentar al rival político (muchas veces de su misma cuerda, que no hay peor cuña que la de la propia madera); si empezamos a asumir que la independencia judicial no sirve para nada, porque todos sabemos quiénes son los “conservadores” y los “progresistas” y que como tales actúan ante este partido político o el otro; si vemos normal que se cometan delitos (filtraciones) desde los juzgados y los cuarteles de policía; si admitimos sin rubor que se utilicen los sumarios y las investigaciones con fines distintos a aquellos para los que se prevén, o que jueces, fiscales y periodistas se monten fiestuquis para contarse sus cosas; si vemos normal que un guardia civil se autocoloque al mismo nivel de preparación jurídica que un abogado profesional o un magistrado; si no nos escandaliza que un fiscal negocie y trapichee con los derechos de los investigados con miras a la promoción de su carrera o su imagen mediática; si admitimos que la presunción de inocencia es un mal menor que hay que soportar en algunas ocasiones… entonces no nos jugamos que este u otro corrupto pague por su delito, sino que ponemos en peligro nuestro entero sistema de derechos y libertades, que tanto ha costado construir.

Porque si entramos en la dinámica de un estado policial, sin garantías, sin presunción de inocencia y sin independencia judicial, cuando hayan acabado con los presuntos corruptos, irán  —la Historia tristemente así lo demuestra—  a por los desafectos, luego a por los indiferentes, después a por los antipáticos, o a los gorditos, o los pelirrojos, y al final te tocará a ti, o a mi, simplemente porque pasábamos por ahí.

Ps.: Pongo esta imagen de un tuit que en su día me indignó. Es de una supuesta Asociación profesional de Guardias Civiles.

“Técnicamente irrefutables”. Sin rubor. Se lo dicen ellos mismos.

Tengo hechos cientos de informes jurídicos. De toda clase. Algunos francamente cojonudos, no es por nada. Pero sobre ninguno, ninguno, se me ocurriría cometer el acto soberbio y ridículo de calificarlo onanísticamente  —y menos en público—  como “técnicamente irrefutable”, menos aún en cuestiones jurídicas, porque yo sí soy jurista, porque para hacer mis informes se me exige una preparación que los señores de la UCO no tienen, ni tendrán en sus más húmedos sueños, y yo sí sé lo que es  —y lo que no—  “técnicamente irrefutable”.

Ese término tan absoluto, pedante y autosuficiente no lo emplea ni una Sala entera del Tribunal Supremo para calificar una de sus sentencias, siquiera sea por estética. Y llegan estos de la UCO (creo que se les exige el graduado escolar) y ahí lo dejan. 

“Técnicamente irrefutables”. Una soberbia acorde y pareja a la ignorancia técnica, nada inofensiva e irresponsable, que demuestran tan a menudo.

Pues en esas manos estamos…